Habilitacion de negocios en CORDOBA
Sólo actuará en los emprendimientos peligrosos o de mucha afluencia de público. En el resto, intervendrá un ingeniero o un agente municipal.
Si todo sale como está previsto, en no más de cuatro meses, los particulares que pretendan abrir un emprendimiento en la ciudad de Córdoba, que hoy requiere certificación de Bomberos, tendrán el camino mucho más allanado.
Es que la ordenanza 12.052, aprobada en junio pasado, pero todavía no puesta en práctica, agiliza sustancialmente un trámite que, para muchos ciudadanos, es lento y engorroso.
Los cambios fueron dispuestos por la ordenanza que crea la “ventanilla única” y, básicamente, les quita el grueso de la tarea a los Bomberos de la Provincia, dependencia de la Policía de Córdoba. Sólo intervendrá en las actividades de alto riesgo o que impliquen el tránsito masivo de personas.
La medida vendrá a solucionar una queja recurrente entre quienes necesitan la certificación de Bomberos. “Hay expedientes que pueden tardar dos o tres años, y no sale si no se toma alguna vía incorrecta”, dice con elegancia la titular del Colegio de Ingenieros de Córdoba, Teresa Pereyra.
“Hoy el sistema es engorroso porque es muy lerdo, no tiene Bomberos una infraestructura tan grande como para salir a ver las obras, al punto de que han deslindado la responsabilidad de atender el interior”, dice Severo Torres, ingeniero especialista en seguridad.
En la misma Municipalidad admiten las dificultades actuales. “Para Bomberos es lo mismo un maxiquiosco que una industria, y su infraestructura termina siendo insuficiente, por eso es que queremos agilizar los trámites”, dice el secretario de Obras Públicas, Mariano de Juan.
De todos modos, el titular de Bomberos se defiende y niega el retraso de las certificaciones. “Hoy, la demora máxima que tiene el trámite va de 15 a 20 días”, dice el comisario Gustavo Folli Pedetta. “Tenemos 30 personas y alcanzan, porque trabajamos mañana y tarde y tenemos dos móviles”, describe.
El nuevo sistema. En realidad, quien pide la certificación de Bomberos es el municipio. Forma parte de los requisitos a presentar para conseguir la habilitación de algún local que implique alguna actividad, comercial, industrial, educativa o cultural.
Durante años, bastaba con que el interesado demostrara que inició el trámite en Bomberos para que el inmueble se habilitara igual. Después del incendio de Cromañón, las normas se endurecieron y, para conseguir la habilitación, fue necesario primero conseguir el certificado de Bomberos.
El nuevo sistema diferencia qué medidas de seguridad se exigirán según la actividad económica que se trate, la superficie del local y la existencia o no de depósito y de público. Las divide en cuatro categorías:
Riesgo muy bajo. Son los locales de hasta 150 m2 de superficie, sin depósito. Por ejemplo, viveros, almacenes, verdulerías, carnicerías, quioscos, desarrollistas de software , fabricantes de joyas y equipos médicos, carpinterías, herrerías, veterinarias, farmacias, gimnasios, peluquerías, lavaderos y consultorios ambulatorios, entre otros. Bastará con que el propietario firme una declaración jurada para que el municipio avale la habilitación. No se requerirá inspección previa.
Riesgo bajo. Son los locales de 150 a 500 m2, sin depósito. Se requiere una inspección previa del municipio. Incluye fábricas de panificados, talleres, bicicleterías, minimercados, corralones, transportistas y locutorios, entre otros.
Riesgo intermedio. Son las que exceden los 500 m2 o tienen depósito. Aquí, además de la inspección municipal, intervendrá un especialista que certificará las condiciones de seguridad y capacitará a encargados y empleados. Abarca a avícolas, fábricas de alimentos, bebidas, textiles, calzado, aceite, plásticos, maquinaria y la industria gráfica.
Riesgo alto. El solicitante deberá recurrir al especialista y, además, contar con la certificación de Bomberos. Aquí se encuentran los súper e hipermercados, escuelas, clínicas, locales de espectáculos públicos, de venta de pirotecnia, estaciones de servicio, talleres de instalación de equipos de GNC y las industrias del petróleo, madera, energía, fósforo y químicos, entre otros.
Juan Giunta, subsecretario de Desarrollo Económico, aseguró que en junio se estaría probando el sistema y que “en agosto” se implementaría la ventanilla única.
Nueva clasificación
Riesgo muy bajo. Locales de hasta 150 m2 de superficie, sin depósito. El propietario presenta al municipio declaración jurada. No requiere inspección previa.
Riesgo bajo. Los locales de 150 m2 a 500 m2, sin depósito. El municipio inspecciona antes de habilitarlo.
Riesgo intermedio. Exceden los 500 m2 o tienen depósito. Un ingeniero certifica condiciones de higiene, seguridad y protección contra incendio.
Riesgo alto. Interviene el ingeniero y Bomberos.
Fuente:
¿Quién debe asesorar? ¿Un bombero o un ingeniero?
Cuestionan los años que llevan los trámites, con pagos extras en el camino. “Recibo permanentemente quejas de empresas constructoras a quienes les piden diferentes montos para sacarle el expediente y, si no pagan, le piden cosas en materia de seguridad que no corresponden”, cuestiona la titular del Colegio de Ingenieros de Córdoba, Teresa Pereyra.
El director de Bomberos, Gustavo Folli Pedetta, insistió en que las demoras no superan los 20 días y que lo único que hay que pagar son las tasas en el Banco de Córdoba, que están reguladas por ley. Reconoció, de todos modos, que hay “tramitadores que ofrecen a hacer de todo”, pero que la población tiene que saber “que no hay que pagar nada particular”.
Folli aseguró que quienes se quejan de las demoras son quienes tienen certificados provisorios que no hacen las adecuaciones indicadas por Bomberos. El ejemplo claro de esto es la vieja Terminal, que tuvo varias veces renovaciones de certificados provisorios.
Pero la quita de funciones de esa área de la Policía despierta también polvareda. En términos simples: los bomberos dicen que ellos son los que mejor saben de prevención, porque son los que después luchan contra el fuego y los ingenieros dicen que ellos son los mejor formados para prevenirlo. “Los bomberos no tienen título habilitante, ejercen una facultad de hecho y están para apagar incendios, de ahí la incongruencia que objetan los colegios profesionales”, dice el arquitecto Juan Giunta, subsecretario de Desarrollo Económico del municipio.
“Queremos que el riesgo contra incendios sea supervisado por especialistas matriculados. El ingeniero es el responsable civil y penal de lo que se instale en un edificio y de que se cumpla lo que está en los planos”, dice Pereyra.
“Creo que le van a dar una responsabilidad muy grande al profesional y nosotros, si lamentablemente hay un hecho, nos vamos a dedicar a hacer la pericia y ver si fue bien asesorado”, cuestionó Folli. “Sería bueno estar colegiados con los ingenieros, porque nosotros seguiremos yendo a los incendios a trabajar”, agregó.
Fuente: Una versión de este artículo fue publicada en la edición impresa del Martes 23 de abril de 2013
Metalurgica, debéra pagar por ambiente insalubre
La firma debe indemnizar con $250.000 a un ex operario que padecía problemas pulmonares e hipoacusia por la falta de seguridad y el contacto con sustancias peligrosas.
La Cámara del Trabajo de San Rafael, Mendoza, condenó a una empresa metalúrgica a indemnizar a un dependiente con más de 250.000 pesos por los daños físicos y espirituales padecidos a raíz de las condiciones insalubres en que prestaba servicios. El empleado padecía problemas pulmonares e hipoacusia a causa de la falta de medidas de seguridad y el contacto con sustancias peligrosas.
La Sala 2ª del tribunal destacó que, conforme la pericia realizada, “las tareas prestadas por el actor eran perjudiciales para su salud” y que el trabajador estuvo expuesto a diversos contaminantes, “como níquel, cobalto, cromo, vanadio, óxidos de hierro y sílice cristalina, todos incorporados al organismo por vía inhalatoria”, sustancias que, conforme el experto, tienen como “nota común” la posibilidad de causar “enfermedades cancerígenas”, añadió.
Los jueces Marcelo Chiarpotti, Mariana Carayol y Dardo Fernández argumentaron que “surge del propio y expreso accionar de los destinatarios de la acción impetrada que los mismos han aceptado la existencia de la dolencia pulmonar y respiratoria y de su causa laboral”.
El fallo dio por probado que el operario trabajaba doce horas diarias y que “esta carga horaria era realizada en su totalidad en las tareas penosas denunciadas por el actor, lo cual contrasta con la información que se le intentó inducir al perito ingeniero, respecto a que tales menesteres se hacían de manera esporádica”.
La Cámara sanrafaelina puntualizó la procedencia de la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 8 de la Ley de Riesgos de Trabajo (LRT) pues “el sistema cerrado dispuesto por la LRT implica colocar a todos los empleados sujetos al citado cuerpo normativo a un sistema limitado que les impide acceder a una opción resarcitoria que les permita obtener una reparación integral de los perjuicios que la actividad laboral les pudiera haber causado a su integridad física y su salud”.
Situación
El tribunal explicó que existe “una marcada situación discriminatoria respecto de los restantes ciudadanos” y el sistema de la ley 24557 “colisiona con preceptos constitucionales, tales como el derecho de propiedad, el deber de no dañar y la garantía de igualdad ante la ley, reconocidos en los artículos 16, 17 y 19 de la Constitución Nacional”.
La decisión sostuvo, con relación al artículo 39 inciso 1 de la ley 24557, que “importa una injustificada discriminación al empleado ante la posibilidad de verse privado de una indemnización o compensación monetaria, acorde a su real detrimento, por el hecho de ser un trabajador dependiente, situación que no se presentaría si el mismo individuo no revistiere tal calidad”, precepto que fue declarado inconstitucional.
Finalmente, la Cámara del Trabajo de San Rafael analizó las pruebas reunidas y determinó la existencia de la incapacidad denunciada por el trabajador y su origen en las tareas realizadas en condiciones de insalubridad, procediendo a condenar a la empresa demandada.
Rechazo de demanda indemnizatoria
Rechazan demanda indemnizatoria promovida por los padres del infortunado operario. La tragedia ocurrió mientras intentaba reparar una máquina descompuesta.
Tras determinar que el hecho se produjo por culpa exclusiva de la víctima porque “asumió en la ocasión un riesgo que creía poder controlar”, la Cámara Civil, Comercial y Contencioso-administrativo de San Francisco dispuso el rechazo de la demanda resarcitoria entablada por los padres de un joven -dependiente de la contratista encargada de mantenimiento en la planta fabril de una de las empresas del grupo Arcor- que murió mientras intentaba reparar una máquina descompuesta.
El infortunio ocurrió en 1997, cuando el operario fallecido procuraba subsanar una pérdida de vapor en la secadora de papel del establecimiento de Cartocor SA -que fabrica cartón corrugado e integra el referido grupo económico- y sufrió graves quemaduras al recibir la descarga de agua caliente a presión, lo cual ocasionó el fatal desenlace pocos días después.
El juzgado de origen hizo lugar a la demanda planteada por los progenitores del occiso en contra de Cartocor y Roberto Juan Gribaudo -empleador directo-, empero la mencionada Cámara anuló lo resuelto en función del recurso de apelación interpuesto por las demandadas.
El órgano de alzada, integrado por Mario Claudio Perrachione y Analía Griboff de Imahorn, estableció que “existió culpa grave de la víctima (…), porque éste, con el propósito de solucionar el problema de la pérdida de vapor de la junta de la tapa de cilindros, asumió en la ocasión un riesgo que creía poder controlar, lo cual refleja que él adoptó una conducta temeraria que se convirtió en la causa eficiente del accidente que terminó con su vida”.
En tal sentido, el tribunal de segunda instancia recordó que “existe culpa grave cuando el agente se arriesga con una temeridad equivalente al dolo, quedando excluidos los hechos derivados de la inadvertencia, de la distracción, del olvido, de la torpeza, de la ligereza de la conducta”.
“No existe responsabilidad del empleador si el accidente se produce por culpa grave y exclusiva de la víctima; porque, cuando el trabajador acepta el riesgo y asume una conducta temeraria, tal como aconteció en la especie, el empleador se verá exento de la obligación de responder”, agregó el pronunciamiento.
Autos: Ledesma c/Arcor SAIC
Fuente: http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/10/04/la-propia-conducta-del-trabajador-causo-su-muerte/
ART sancionada
ART sancionada por dilatar prestación por una muerte
Al tiempo que se reprobó la actuación de la compañía frente al pedido de la viuda e hijos del trabajador fallecido, se ordenó el inmediato pago mediante una medida autosatisfactiva.
Tras evidenciar que Prevención ART SA tuvo propósitos obstruccionistas y dilatorios ante un reclamo urgente formulado por los derechohabientes de un trabajador fallecido en un accidente laboral, la Justicia del Trabajo de Villa María, mediante una medida autosatisfactiva, condenó a la aseguradora a abonar a los actores la prestación dineraria por muerte prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), con más un interés de 3% como sanción procesal por su actuación prejudicial y judicial de carácter maliciosa y vergonzosa.
Naiara Yazmín Ortiz por derecho propio y en representación de su hijo menor, en el carácter de derechohabientes de su concubino y padre, respectivamente, Matías Ezequiel Almada, quien falleció a raíz de un accidente de trabajo in itinere, mientras trabajaba para la empresa Noal SA, reclamó que el pago de la prestación se efectúe en un solo pago. Asimismo, previo a la audiencia de conciliación, incoó una “medida autosatisfactiva”, tendiente al pago inmediato de la prestación. En oportunidad de evacuar la vista que le había sido corrida, la ART reconoció la documental presentada por la actora, la cual había sido ignorada en la etapa prejudicial.
Frente a ello, el juez de Conciliación Marcelo Salomón, respecto a la procedencia de la “medida autosatisfactiva”, sostuvo que “es reprobable el comportamiento asumido de la accionada desde el momento del fallecimiento del trabajador (07/06/09) quien sin invocar ninguna razón legal, fáctica o funcional, incumplió y desoyó la precisa imposición legal que asigna sobre sus espaldas el artículo 11 inc. 4 apartado ‘c’ de la LRT”, destacando que “resulta vergonzoso el accionar prejudicial y judicial de la accionada frente al reclamo de lo que fue y es una inexcusable obligación de pago”.
Silencio
“Así durante largos 20 meses mantiene una desidiosa actitud incumplidora de su obligación legal, luego ya en el proceso judicial sostiene un suspicaz silencio al reclamo”, enfatizó el magistrado, destacando que “finalmente –con total desparpajo- expresa una rotunda negación del siniestro y sus consecuencias legales”.
En la resolución se objetó que luego, en oportunidad de presentar su “medida autosatisfactiva”, la demandada reconoció “la autenticidad de toda la documental emanada de la misma y que fuera acompañada con la medida cautelar acompañada”, de la cual surge que reconoció la “fecha del siniestro y aprobación de póliza (…), solicitud de cotización de fecha 01/09/11”.
En consecuencia, el tribunal dispuso que “se encuentran acreditadas las condiciones suficientes para despachar la ‘medida autosatisfactiva”, añadiendo que la condena será por $50.000, más intereses y ante la conducta maliciosa y temeraria de la ART se la condenó “a pagar un interés de tres por ciento (3 %) mensual en concepto de sanción procesal”.
Fuente:
http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/04/26/art-sancionada-por-dilatar-prestacion-por-una-muerte/
“Denuncias por fraudes ART”
El efecto “denuncias por fraudes ART” redujo las causas de 10.000 a 2.000
El superintendente de Riesgos de Trabajo, Horacio González Gaviola, también se refirió a la baja de siniestralidad en Córdoba, aunque sigue por encima del promedio nacional.
El titular de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación (SRT), Horacio González Gaviola, destacó ayer en Córdoba el impacto que produjeron las denuncias realizadas por su área por presuntos fraudes a las ART, por los denominadas “causas armadas” por enfermedades profesionales. En ese sentido, graficó que en la provincia la cantidad de causas de este tipo se redujeron de 10.000, en 2009, a 2.000 el año pasado.
El detalle fue provisto por González Gaviola a Comercio y Justicia. y confirmado por fuentes judiciales. El funcionario participó de la “9ª Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo: Por un trabajo mejor y más seguro”.
Cabe recordar que en 2009González Gaviola destapó los casos supuestamente fraudulentos que se habrían perpetrado en el ámbito de la Municipalidad y que generó detenciones de abogados y otros profesionales por cientos de certificados médicos falsos.
La segunda denuncia fue relacionada con la administración pública local, en la cual se habría registrado una operatoria similar. En esa oportunidad, González Gaviola subrayaba que había más de 1.500 juicios contra Prevención ART, aseguradora que prestaba servicios para el gobierno de la Provincia. Allí también estaban involucrados médicos y abogados en las supuestas irregularidades.
El superintendente se mostró muy conforme con el accionar de la justicia provincial y está a la espera de los avances que se produzcan en la fiscalía por este tema.
Consultado, dijo que en este viaje a la ciudad no contactó a referentes judiciales y sostuvo que el “nivel de satisfacción (por el accionar judicial) es importante”. Preguntado sobre nuevas presentaciones, descartó “por ahora” una tercera tanda de denuncias.
Menos accidentes en Córdoba
Por otra parte, el superintendente celebró la baja de siniestralidad laboral de la provincia, aunque confirmó que sigue por encima de la media nacional.
Según la última medición, cada mil trabajadores cubiertos, 57 se accidentaron realizando su trabajo, mientras que la media nacional es de 51 por cada mil. Estas cifras no incluyen los accidentes “in itinere” (en tránsito al trabajo). En el país, en los tres últimos años los accidentes se redujeron entre 25 y 27%. “Hay un buen síntoma de concientización creciente en las empresas (en materia de seguridad laboral)”, enfatizó.
Sin embargo, puntualizó que hay alrededor de 450 empresas que están en lo que denominó “terapia intensiva”, que son aquellas que registran mayor siniestralidad; concretamente, las que se ubican 10% por encima del promedio nacional en cantidad de accidentes. Éstas la Nación las coloca bajo programas de reducción de siniestralidad y adecuación laboral.
El funcionario también adelantó que para 2012 se prevé destinar más presupuesto para que las provincias engrosen su cuerpo de inspectores laborales. “Para Córdoba queremos duplicar la cantidad de inspectores, además de dotarlos de movilidad y notebooks para su trabajo de control”, explicó.
Bajó la mortalidad
Durante el encuentro, González Gaviola también informó a la prensa cifras nacionales. A lo largo de los últimos tres años, “ha disminuido en 30 por ciento el índice de mortalidad laboral”, y también los accidentes comunes en 27 por ciento.
“La baja en los índices es una señal alentadora, pero podemos seguir trabajando para que no haya ningún muerto y para que los accidentes sean mínimos”.
En materia de siniestralidad laboral “hoy estamos mejor a partir de los planes que comenzamos a implementar en el 2008, porque tenemos bajas sustanciales pero todavía no estamos como debemos estar”, resaltó. Entre las actividades con mayores riesgos de accidentes y mortalidad citó la construcción, el agro y los trabajos de altura.
“El responsable principal de que los accidentes se produzcan es el empresario, así como fue el responsable principal de que hayan bajado, porque él tiene que aplicar las medidas de seguridad”, consideró el titular de la SRT.
Legislación
“Es muy probable que este año tengamos una nueva ley de higiene y seguridad laboral”
Otro de los temas a los que se refirió en su paso por la ciudad fue el de la necesidad de una nueva legislación. “Es muy probable que este año tengamos una nueva ley de higiene y seguridad laboral”.
Según explicó, están elaborando un borrador para presentar a la Presidenta de la Nación. El anteproyecto busca dar respuesta a un reclamo de muchos años del empresariado argentino que pide modificaciones al actual sistema que permite el doble reclamo; es decir, la compensación al trabajador con el lucro cesante, por una parte, y la compensación por el daño moral y por el que puede recurrir a la vía civil, por la otra.
“Buscamos una reparación integral para los trabajadores”, dijo González Gaviola y explicó al respecto que el proyecto contempla que en un mismo momento, y sin llegar a judicializar (es decir por vía administrativa), se pueda resarcir al trabajador por la incapacidad y por el componente de daño moral. Reiteró que la iniciativa apunta a eliminar la litigiosidad de estos casos, modificando las alícuotas de ART.
Las jornadas de sensibilización en materia de seguridad laboral comenzaron el lunes en Mendoza, continuaron ayer en Córdoba y concluyen hoy en Buenos Aires. El evento se desarrolló en el Auditorio de la Universidad Católica con la presencia de la vicegobernadora de la provincia, Alicia Pregno, y el ministro de Trabajo provincial, Omar Dragún.
En conjunto
- González Gaviola destacó que Argentina es el primer país americano que decidió el año pasado una estrategia tripartita firmada por la Unión Industrial Argentina (UIA); la Confederación General del Trabajo (CGT); la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
-”Es una estrategia quinquenal 2011-2015 con objetivos muy claros y concretos de bajar la siniestralidad, aumentar la cobertura de seguros, disminuir la litigiosidad y reparar los problemas de inconstitucionalidad que tiene la ley”, reseñó.
Rompe Silo, sepulta a dos trabajadores
Porto Alegre
25/11/2011
El accidente ocurrió alrededor de las 16h el viernes (25), laBR-158. Otras personas también resultaron heridas en el derrumbe del material. Los bomberos creen que la cantidad de soja que estaba almacenada corresponde a 50 millones de sacos (cada saco tiene alrededor de 60 kg).
Cuatro máquinas excavadoras trabajando en el lugar y la mayor dificultad encontrados por el equipo es el volumen de grano que se vuelva a colocar a la excavación. Como la Brigada Militar, un segundo silo se ve comprometida y puede romperse.
A los hombres atrapados, no había confirmado aún la identidad.De acuerdo con información preliminar, fue el primer día de trabajo de uno de ellos.
